El Gobierno de Baleares
(PP de mayoría absolutísima) prepara una Ley de Ocultación y de Gobierno Opaco.
Lo hace amputando y denigrando la Ley de Transparencia y Buen Gobierno aprobada
por el Gobierno socialista de la anterior legislatura, que no era tan avanzada
como se hubiera querido porque había que buscar otros apoyos para aprobarla.
Entre muchas otras
barbaridades, la nueva ley suprime la obligación de informar sobre el
patrimonio de los altos cargos del Gobierno y el compromiso de dar difusión pública a los
contratos de más de 25.000 euros.
Es lógico: no vaya a ser
que se sepa de hipotéticas cuentas en Suiza (quizás en el mismo banco que
Bárcenas) o del cobro de suculentas comisiones de obras. El presidente Bauzá, ya no
tendrá que mentir en la presentación de su patrimonio; se saca de la ley este
requisito y listo.
Sé desde hace tiempo de lo que son capaces; pero
jamás sospeché que un día lo harían con la cara tan alta como ahora.
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