Hay una inconsciencia colectiva del grave peligro que supone demonizar indiscriminadamente todo el conjunto de los ciudadanos que se dedican a la política |
“Yo imputaría a todos los
políticos, porque el que no ha delinquido es porque no ha podido”. Es un
comentario real tomado de un foro sobre las consecuencias políticas de una
imputación jurídica y que resume a la perfección el trasfondo del debate.
Pedir responsabilidades
sin más base que una imputación es una aberración jurídica y moral. Está mucho más
cerca del linchamiento que de la ética. Convertir la imputación en un arma letal
en manos de cualquiera es autorizar el uso generalizado de explosivos. Como
dijo sobre este tema un jurista progresista: “dadme un mínimo apoyo de un medio de comunicación y
en menos de una legislatura hago dimitir a medio Congreso de los Diputados”.
Sacrificar inocentes para
castigar a un culpable es un desvarío moral, pero la rabia desatada por la
crisis hace que se exijan ejecuciones sumarísimas en la plaza
pública. El caso es hoy ya nadie se atreve a negar carnaza a las fieras y se impone el palo indiscriminado de la furia colectiva.
En los juzgados se
amontonan cientos de imputaciones que acabaron en nada. Bueno, en nada no: en
el desprestigio injusto de muchas víctimas de la calumnia política. Conozco personalmente a algunas. Si todas
las energías invertidas en demonizar una imputación se dirigieran a exigir rapidez
en la Justicia española en la resolución de los casos, habríamos dado un paso democrático de gigante.
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